Macri, con represión y sin Congreso

Macri, con represión y sin Congreso

Por Roberto Follari

El gobierno macrista reprimió duramente, con balas de goma y chorros de agua fría lanzados desde un monumental operativo de Gendarmería, a los trabajadores de la empresa Cresta Roja. Estos habían cortado la autopista Richieri, que lleva al aeropuerto internacional de Ezeiza. Fue una violencia contra la protesta social que no se vio nunca en la política del gobierno nacional de los últimos doce años (sí la hubo por parte de algunos gobiernos provinciales, de manera excepcional).

Se trata de un cambio drástico de la política ejercida desde el Estado.

A mediodía del martes 22 de diciembre, la vicepresidenta Michetti se ufanó de que la Gendarmería había hecho lo que debía, y que así se seguiría actuando en el futuro frente a la difundida metodología del corte de rutas. A la tarde, muchas pantallas de TV del país transmitían imágenes de la represión, y de los varios heridos que mostraban las marcas de las balas de goma. Los trabajadores seguían al lado de la ruta, los gendarmes permanecían en su actitud amenazante. La tensión subía, de modo que el gobierno intervino y -rectificando el triunfalismo primario de mediodía- decidió otorgar $6000 para cada trabajador involucrado (unos 460 dólares) hasta tanto se arregle el conflicto. Ese dinero, con el cual en Argentina se compra mucho menos que en Ecuador, muestra que el gobierno tuvo que cambiar forzadamente su respuesta al reclamo; pero también, que la represión seguirá siendo la respuesta primera y esperable hacia la protesta social.

Mientras, se sigue gobernando por decreto y sin llamar a sesionar al Congreso. La justificación del ministro Garavano es un paralogismo pasmoso: “como no tenemos Congreso, debemos gobernar por decreto”. Pero como el gobierno puede llamar al Congreso a sesiones extraordinarias y no lo llama, está claro que se trata de “queremos gobernar por decreto, por eso no tenemos Congreso”. Es de Ripley el otro razonamiento ministerial, por el cual se dice que las leyes anteriores del Congreso deben ser revocadas por decreto, porque su aceptación fue “irregular”. ¿Qué habría sido lo “irregular”? Que se dieron con mayoría propia en el Congreso, por parte de la bancada ligada al anterior gobierno. Es decir: lo democrático y acorde a la norma, para el ministro es “irregular”. De modo que, según su particular argumento, la decisión legislativa debe ser reemplazada por decretazos inconsultos. El mundo al revés.

El efecto de esto es la impensable designación de dos miembros de la Corte Suprema por decreto, ya rechazada por un juez (decisión que Macri se permitió decir que “no sabe si es legal”, en franco desconocimiento de la independencia del Poder Judicial). Ahora se echa a Sabbatella del AFSCA -organismo de aplicación de la Ley de Medios Audiovisuales-, mediante intervención y por decreto, en virtud de la “legalidad” de otro decreto reorganizador de los ministerios, el cual -como es obvio- ningún Congreso votó.

Mientras, el macrismo quiere dirigir la comisión legislativa que debe controlar la constitucionalidad de los decretos emitidos, lo cual repugna a cualquier noción razonable de que el control no lo debe ejercer el mismo que ha de ser controlado. Esa comisión debe operar aunque el Congreso no esté sesionando, pero su primer reunión se trabó, porque el macrismo habló de un inverosímil “acuerdo” con el FpV para que el mismo macrismo dirija la comisión, acuerdo que el FpV “no habría sostenido”. Como se ve, no faltan argucias para obstaculizar el funcionamiento de este organismo de control, cuya necesidad es evidente.

La mayoría de la población aún no entiende mucho qué sucede; la devaluación fue notoria, pero los precios ya habían subido antes previniéndola, de modo que su efecto sobre los precios es notorio, pero no enorme. Por tanto, se vive un breve tiempo “neutro” antes de las negociaciones paritarias, que está siendo aprovechado por el gobierno para “legislar” permanentemente por decreto, como si se tratara de un gobierno de excepción, o al que se hubiera otorgado poderes plenipotenciarios; pero que sabe lucir un estudiado y proclamado apego al diálogo y a la pluralidad.

El Telégrafo, Ecuador.